En EE.UU. parece reeditarse el exabrupto de Millán-Astray frente a Unamuno: ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!
El condenado a muerte, Daryl R. Atkins, evitó la inyección letal hace tres años porque su sentencia quedó suspendida por el Tribunal Supremo norteamericano al establecer la prohibición de ejecutar a reclusos cuyo coeficiente intelectual (CI) corresponda a la categoría de retrasado mental. Su célebre dictamen estableció que la ejecución de “retrasados” es inconstitucional, porque atenta contra la Octava Enmienda, que prohíbe los “castigos crueles” (sic). No se pronunciaron sobre la crueldad de la ejecución de los “normales”. Al menos, se creó una jurisprudencia de salvaguarda para “los deficientes” en esta extraña democracia que mantiene la pena de muerte en algunos Estados.