1º No al alumnado con “Libras de textos”: Según un reciente estudio científico realizado entre escolares de toda la Unión Europea, se ha constatado que los niños y niñas de 11 años (con un peso medio de 43 kilos) cargan cada día mochilas con un peso promedio de 9,3 Kg., que determinados días llegan a alcanzar los 11,5 Kg. Ello representa entre el 21,6% y el 26,7% de su peso corporal y equivaldría a que un hombre adulto (de 80 Kg.) transportase cada día entre 17 y 21 Kg. de peso o una mujer (de 60 Kg.), 13 y 16 Kg., lo que supera los límites legales que establece la normativa laboral vigente.
Es decir, nuestros escolares soportan literalmente una carga libresca muy superior a la que admitiríamos para los trabajadores.
Igualmente es recomendable reducir el uso generalizado de cuadernos exclusivos para cada área, evitando los de tapa dura y prefiriendo los de anillas con adición de hojas, para colaborar junto a la administración de los libros de texto disponibles en las bibliotecas de aulas, a la reducción del peso de las mochilas escolares, que serán preferentemente de arrastre, prohibiéndose los diseños menos ergonómicos para las edades escolares.
2º No al profesorado “Libre de textos”: El pleno respeto a la “libertad de cátedra” debe compatibilizarse con el seguimiento docente de un libro de texto por asignatura, coordinándose y comprometiéndose los equipos directivos y docentes con la selección de un texto único por materia en cada curso académico, mantenido durante varios años y que constituirá el referente curricular y memoria para el alumnado de cada etapa escolar.
Los libros de texto, junto a otros recursos didácticos interactivos por Internet, deben permitir la superación del indeseable abuso prematuro de apuntes que se ha producido. La metodología de fotocopias en los niveles de Enseñanza Primaria y Secundaria debería erradicarse, anulándose la extendida lacra omnipresente de apuntes, a menudo manuscritos, enmendando o sustituyendo al Libro de Texto. Según CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), la entidad que gestiona los derechos de unos 6.000 autores en el Estado, anualmente se fotocopian 2.504 millones de páginas de libros literarios o didácticos, la mayoría de modo ilegal, siendo la enseñanza el ámbito donde abunda más la reproducción indiscriminada. En el sistema educativo se hacen al año 1.531 millones de páginas. De ellos, 698 millones corresponden a la Universidad, ¡528 a las enseñanzas medias y 305 millones de páginas a Infantil y Primaria!
3ª Sí al “Libro de texto” obligatorio, compartido y de seguimiento fiel por el profesorado y el alumnado. En los niveles de enseñanza Primaria y ESO, el libro de texto debiera ser de reconocido seguimiento como elemento central de la enseñanza y del aprendizaje, y de uso preferente en la Enseñanza Secundaria post-obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. Los libros de texto y de consulta son y seguirán siendo el núcleo vertebral de la dotación de recursos didácticos del alumnado de los niveles obligatorios de enseñanza. Su incomparable validez como recurso básico debe ser resaltada, siempre que se instituya como elemento esencial por la metodología docente mediante una aplicación rigurosa de todas sus inmensas posibilidades. La dotación anual de libros de texto supone un enorme volumen de conocimiento, y desgraciadamente de despilfarro económico en numerosas ocasiones por el bajo uso que algunas prácticas didácticas le otorgan en la actual realidad escolar.
Los libros de texto deberían ser compartidos y gratuitos, como sucede ya en algunas comunidades autónomas, así como en casi toda Europa (excepto Irlanda, Portugal y algunos estados alemanes). Esta recomendación se fundamenta en el objetivo de reducir costes compartiendo recursos, y no en la negativa a la cofinanciación del esfuerzo educativo. La trascendencia del “recurso didáctico por excelencia” debe asegurarse por igual para la totalidad del alumnado, con independencia de su situación familiar. Los libros de texto deberían ser gestionados por la comunidad escolar de cada centro, y puesta inmediatamente a disposición de todo el alumnado, pudiendo ser reutilizados en cursos posteriores. Sólo debería abonarse su coste si su utilización o desgaste no fuesen correctos. En cualquier caso, urge una Directiva Europea que fije el régimen de los precios fijos en el mercado del libro, cuya comercialización es muy singular. Los acuerdos entre la Administración Educativa y las empresas editoriales podrían mejorar significativamente los materiales, adaptarlos y digitalizarlos, así como abaratar los inmensos costes sociales que actualmente suponen con un aprovechamiento manifiestamente mejorable.
Mikel Agirregabiria Agirre. Educador.
Miembro de www.irakasten.org
www.mikelagirregabiria.tk