SOBRE EL CANAL DE ISABEL II
Puede que sepáis que Esperanza Aguirre quiere privatizar la gestión del
agua que bebemos, pero lo que ni vosotros ni yo sabemos es por qué.
Puede que sepáis que el Canal de Isabel II (CYII) es la empresa que
reparte el agua en la Comunidad de Madrid, pero puede que no sepáis que
el agua que bebemos es la de mejor calidad de toda España (junto con
Granada). Y no queremos que cambie (y cambiará si es privatizado, las
empresas privadas ahorran en costes de producción).
Sabéis lo que pagáis cada dos meses, pero lo que no sabéis es que el CYII
el año pasado tuvo unos beneficios de 80 millones de euros. De momento
estos beneficios son de todos nosotros.
Y para que lo veáis claro os digo qué ha pagado el CYII en los últimos
años:
• LA LINEA 10 DE METRO
• LOS TEATROS DEL CANAL
• MILLONES DE EUROS QUE HAN IDO A PARAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA HACER
• LA M-30
• HA PATROCINADO EL VELERO MADRID-MADRID
• UNAS CUANTAS PELÍCULAS
• POR SUPUESTO LA GESTIÓN DEL AGUA
Evidentemente, si Aguirre logra su objetivo de privatizar el agua, se
acabaron todos estos ingresos que los madrileños tenemos.
Al CYII se le conoce como ‘la joya de la corona’, y no estoy de coña, se
la llama así porque la gestión es impecable, el agua es impecable, y los
beneficios son impecables (ya que no hay nada ilícito ni ilegal en esta
gestión. Todo es legal y está claro como el agua que esta empresa
gestiona).
Ella dice que con la “capitalización” (que a ella le gusta llamarlo así,
está claro que no se atreve a llamarlo por su nombre), no va a subir la
factura del agua, ¡¡¡JA, JA… JA!!! Puede que el primer año no, pero el
segundo año lo hace fijo.
Otra cosa que a lo mejor no sabéis es que tenemos la factura de agua más
baja de toda Europa, con la privatización eso va a cambiar; y eso lo
sabemos seguro.
Quiere “capitalizar” el 49% de nuestras acciones (¡¡¡que son nuestras!!!),
y lo que no sabemos, pero podemos intuir, es que la empresa privada que
venga se a quedar con los beneficios y va a socializar las deudas. O sea
que nosotros pagamos la inversión y la empresa se queda con nuestra pasta.
Además el CYII (es decir, nosotros) tiene una cantidad impresionante de
terrenos de alto valor ecológico y natural, y por qué no decirlo
monetario… Con la privatización nos quedamos sin esos terrenos, porque
Aguirre pretende venderlos por una mierda de dinero a quien le convenga.
Pero claro, como ella no cree que el cambio climático sea real, se
entiende que le de igual que se sustituya terreno ecológico por chalets y
campos de golf. ¡Que ya lo ha hecho! ¡Mira el campo de golf de islas
filipinas! ¡Un robo en toda regla!
Lo que no sabemos nadie (de momento) es quién va a hacer el negocio del
siglo (mejor dicho el robo del siglo), pero lo que se intuye que el
apellido Aguirre va a estar ahí.
Lo que a lo mejor no sabéis es que miembros de la familia Aguirre están
siendo investigados o de juicios (y sigo sin estar de coña).
Tampoco sabéis es que el presidente del CYII (Ignacio González, hombre
puesto por Aguirre al frente de la presidencia del CYII que sale con ella
en todas las fotos y que se ha dedicado a comprarse 4 coches con chofer
para él con nuestro dinero y a desestabilizar la estructura que del CYII
que lleva funcionando 158 años) también ha sido investigado por corrupción
en el caso Sogecable. Lamentablemente ha quedado en la calle sin pruebas.
Lástima, porque nos habríamos librado de él.
Por todos estos motivos te pido dos cosas:
– Que medites sobre el tema y cómo puedes ayudarnos (y ayudarte)
para que esta privatización no se lleve a cabo y que si hay movilizaciones
las secundes como puedas.
– Que pases este mail a todos tus contactos madrileños para que
también sepan lo que está en juego.
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En 1999 el gobierno de “gran coalición” –cristiano-demócratas y socialdemócratas– al poder en la ciudad de Berlín aprobó la venta del 49.9% de las acciones de la sociedad Berlín WasserBetrieb (BWB) a un consorcio constituido por dos multinacionales globales: la francesa Veolia y la alemana RWE, dueña entre otras de RWE/Thames a su vez responsable de la gestión del agua en Londres. Con este acto se cerraba un largo proceso de privatización de la empresa que provee agua a los 3.5 millones de ciudadanos de Berlín. Un paso esencial en esto proceso fue la transformación de la empresa pública BWB en una “institución de derecho público”, una forma legal que – a pesar del nombre – está fundada en el derecho que regula las sociedades anónimas. Con esta transformación se abría el paso no solo a la futura participación de empresas privadas en el capital y en la gestión de BWB, sino también a la expansión de su negocio a nivel nacional e internacional.
Es probable que este proceso os suene de alguna forma familiar: se trata de un mecanismo muy parecido al que la Comunidad de Madrid quiere seguir para la privatización parcial de la sociedad anónima que, según la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008, debería remplazar el Canal de Isabel II (CYII). Ya hoy el CYII es una “empresa pública” a la cabeza de un conglomerado multinacional de 35 empresas con intereses en varios sectores económicos, y que actúa como empresa privada en la gestión del agua de varias ciudades españolas y Latinoamericanas (República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador).
Volvemos a Berlín y a BWB. Su privatización se realizó a través de un complejo entramado de sociedades y participaciones cruzadas, con un doble objetivo. Por una parte una “institución de derecho público” goza de importantes ventajas fiscales en comparación con una sociedad anónima, entre ellas la total ausencia de gravámenes fiscales para las actividades de tratamiento de las aguas residuales. Otras artimañas legales permiten a los socios privados evadir los impuestos de sociedad y los gravámenes sobre las transferencias de las ganancias. Por otra parte, y más importante aún para los intereses de las multinacionales, la compleja estructura societaria garantiza el total control de la compañía por parte del socio privado. El cargo de Presidente de Consejo de Administración de la BWB privatizada fue asumido por un directivo de Veolia, mientras que a un ejecutivo de RWE le tocó el cargo de Presidente del Consejo de Administración del grupo Berlinwater Holding Inc., que – además de la empresa gestora de los servicios de agua – incluye empresas del mismo consorcio activas a nivel internacional, y en sectores de servicios y telecomunicaciones. En teoría el holding puede ejercer un poder de control sobre la BWB solo con la aprobación de su Consejo de Administración, en el que los representantes de la ciudad están en mayoría, y podrían votar en contra. Sin embargo, se da la casualidad que este organismo nunca se ha reunido desde 1999. La legitimidad democrática de toda la estructura societaria es entonces puramente formal.
Esta repartición asimétrica del poder – todo para el socio privado, nada para el socio público – se ha visto reflejada en la distribución de las ganancias. Entre 2000 y 2005, Veolia y RWE pudieron sacar ganancias para un total de 495 millones de Euros, mientras que la ciudad de Berlín tuvo que conformarse con 171 millones, a pesar de su participación mayoritaria en el capital de la nueva empresa.
Las consecuencias de la privatización para los usuarios y la ciudad no han tardado mucho a hacerse sentir a nivel económico, social y medioambiental:
• Las tarifas han aumentado de forma importante. Después de los primeros cinco años, durante los cuales no se podían incrementar, las tarifas han crecido del 15% en 2004, del 5.4% en el 2005, y han seguido estas pautas hasta alcanzar un aumento total de más del 30% en la actualidad
• Muchos contratos de los trabajadores fijos se han convertido en eventuales y temporales. Con estas medidas se ha conseguido el 50% del ahorro en costes durante los primeros años de vida de la empresa privatizada.
• Se ha trasferido riqueza del ámbito público al privado. El contrato entre BWB y RWE/Veolia garantiza a estos últimos un rendimiento mínimo de sus inversiones. Este estaba fijado en un primer momento en el 6% del capital necesario para las operaciones de la empresas, más un bonus del 2%. Este bonus fue declarado ilegal por la Corte Constitucional berlinés después de un pleito promovido por los Verdes y La Izquierda. Lejos de conformarse con un “mero 6%”, los socios privados presionaron para un cambio de la ley de privatización que remplazase la referencia al 6% por un “por lo menos el 6%”. Es interesante relevar que esta modificación legal se aprobó en 2003, bajo un gobierno de coalición entre los socialdemócratas y la Izquierda. En el mismo marco de modificación se detallaban los mecanismos presupuestarios que permiten garantizar el beneficio privado aún en tiempos de faltas de ganancias, desde rebajas fiscales hasta un pago directo a las empresas multinacionales por parte de las arruinadas arcas públicas
• La plantilla ha dismunuido. Durante la fase previa a la privatización entre 1995 y 1999 BWB prescindió de 752 trabajadores. Otros 1166 puestos de trabajo se perdieron con la gestión privada hasta 2005. Mientras que los gastos para personal disminuyeron del 3.3% entre 1999 y 2003, el flujo de ganancias a RWE y Veolia aumentó desde el 0.75% hasta el 10.9% en 2005
• El peso de los sindicatos en la negociaciones colectiva se ha reducido, debido a la transformación de puestos de trabajo fijos en eventuales y temporales
• La calidad del agua se ha degradado. Los estándares establecidos por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea no van a conseguirse antes de la fecha prevista (2015). En caso de fuertes lluvias (lo que pasa entre 5 y 30 veces por año en Berlín) las tuberías de la ciudad se ven desbordadas, lo que significa que 6-7 millones de metros cúbicos de agua se vierten a la Spree (el rió que atraviesa Berlín) sin tratamiento. No se ha acometido ninguna inversión para acatar el problema, ya que comprometería las ganancias de la empresa. Esta degradación no puede sorprender, si se tiene en cuenta que RWE/Thames Water es muy conocida por su pésima gestión medioambiental en Reino Unido (RU), y en Londres en particular, donde un enorme volumen de agua (casi 900 millones de litros) se perdían en 2006 por el mal estado de las infraestructuras. RWE-Thames Water cuenta entre las empresas con un historial de delitos medioambientales más largo en RU
• Se han reducido drásticamente las inversiones. No hay estimaciones sobre el impacto que la disminución de las inversiones ha tenido sobre la economía local, pero non es difícil imaginar que muchos miles de puestos de trabajos se han perdido
• Se ha degradado también la calidad de la vida democrática, en dos aspectos principales: a) los conflictos de intereses entre políticos responsables de las decisiones acerca de la privatización, y bufetes de consultores que han preparado la ley u asesorado a las empresas privadas en su pugna para hacerse con el control de BWB. Un ejemplo es el caso del Presidente del Tribunal Constitucional Regional llamado a pronunciarse (favorablemente) sobre la legitimidad de la ley de privatización en octubre de 1999, que era co-propietario del despacho privado que había preparado la ley; b) el secretismo del contrato
Revertir la privatización es legalmente posible, pero económicamente oneroso. El contrato programa no especifica las condiciones de indemnización que la ciudad de Berlín debería pagar a los socios privados en el caso de volver a la gestión pública, así como ha pasado en Cochabamba, Manila, Buenos Aires, Paris y muchas otras ciudades francesas. Estimaciones hechas por el mismo gobierno berlinés hablan de un coste entre 2.000 y 3.200 millones de Euros, sin tener en cuenta posibles aumentos debidos a un largo proceso judicial.
Desde la primavera del 2006, una red de asociaciones y grupos vecinales ha impulsado la Berliner Wassertisch (“Mesa del Agua de Berlín”), una alianza en contra de la privatización que, entre otras cosas, pide la remunicipalización y regionalización de los servicios de gestión y distribución del agua, y desarrolla conceptos alternativos para una gestión más democrática y transparente de una futura empresa pública. Esta red ha obtenido un primer gran éxito el 13 de febrero del 2011, con la celebración de un referéndum popular que pedía la publicación del contrato. Por primera vez el la historia de la ciudad, un referéndum de iniciativa popular ha conseguido el numero mínimo de votantes para ser considerado legal (27.5%), y el 98.2% de los votantes se han pronunciados a favor. Bajo la presión política de la Mesa, el periódico TAZ filtró el contrato en otoño del 2010. Este éxito sin precedentes es un primer paso en una lucha, cuyo objetivo final es la reapropiación de la gestión del agua por tod@s l@s ciudadan@s de Berlín.